El concepto de que un Gobierno debe no intentar controlar los precios, alquileres y salarios pero deja en su lugar una competencia abierta y las fuerzas de la oferta y la demanda crean un equilibrio entre ellos beneficia a la mayoría de los ciudadanos. Difiere de la doctrina de la automática en su aceptación de la intervención del Gobierno para la creación de control y propagación de los monopolios y en distribución de bien público. El liberalismo económico, en general, favorece la redistribución de los ingresos mediante impuestos y pagos de bienestar.