Se refiere a menudo a los programas estatales de inspección de carnes y aves, en el cual el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos contribuye al 50% del costo. Los programas estatales (cerca de la mitad de los estados los usan) deben ser certificados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para que al menos sean equivalentes a los requisitos de inspección federal. Sin embargo, los productos de las plantas de inspección (muchos de ellos tienen una elaboración relativamente pequeña) no pueden ser vendidos fuera del estado. Pequeñas empresas y funcionarios públicos han respaldado las leyes en el Congreso que permitirían que los productos inspeccionados por plantas o fábricas estatales sean vendidos en el comercio interestatal y exterior, pero grandes compañías de carnes y aves (muchas de ellas ya se encuentran bajo fiscalización federal) se oponen en su mayoría a tal cambio.